ROJO Y NEGRO
LA “PARADEMOCRACIA” DE URIBE
Hitler Cigarruista
Si una cosa ha quedado clara en las últimas semanas en Colombia es que la oligarquía que dirige ese país y quienes comandan sus Fuerzas Armadas se han convertido, en los últimos años, en un apéndice de la alianza entre paramilitares y narcotraficantes que ha bañado a su pueblo en sangre para mantener sus privilegios económicos y el beneplácito de sus amos estadounidenses.
Recientemente se dio a conocer el contenido de una computadora, propiedad de un jefe paramilitar que se hacia llamar Jorge 40, en la cual se lista a un nutrido grupo de congresistas colombianos que se beneficiaron de su apoyo político (un eufemismo utilizado para no reconocer que se beneficiaron del asesinato de dirigentes sindicales y de masacres de campesinos) o económico (otro eufemismo con el que se quiere ocultar el financiamiento de campañas políticas con recursos del narcotráfico). Incluso se menciona, entre quienes recibieron este respaldo, a algunos miembros del propio gabinete del presidente colombiano Álvaro Uribe.
Luego de este descubrimiento por parte del Ministerio Público, varias asociaciones empresariales, entre ellas la que aglutina a los ganaderos del departamento de Antioquia, admitieron públicamente haber apoyado el surgimiento de varias organizaciones paramilitares y financiado su guerra sucia contra las organizaciones de izquierda alzadas en armas desde la década de 1960.
Estos hechos ponen sobre el tapete una horrorosa verdad que nadie ha querido reconocer, y es que en Colombia existe una “parademocracia”; es decir, una democracia paramilitar en la que esas organizaciones terroristas que en un principio respondían a las órdenes de los empresarios y los altos militares se han convertido, gracias a su control sobre el negocio del narcotráfico, en un poderoso polo de poder capaz (en base a homicidios y masacres) de imponer diputados y hasta presidentes.
La reacción del presidente Álvaro Uribe ante estos hechos no es más que una triste y penosa actuación que busca desviar la atención hacia su propia figura y centrarla en los miembros del congreso colombiano.
Uribe pidió la renuncia de los congresistas que, según las pruebas recabadas por el Ministerio Público, fueron favorecidos política o económicamente por las organizaciones paramilitares. Pero lo curioso es que él mismo no ha renunciado, a pesar de que todo el que haya seguido su carrera política debe concluir que la misma recibió el mismo apoyo de los paramilitares, que hoy critica a algunos congresistas.
Basta recordar que Uribe fue gobernador de Antioquia y representó a ese departamento en el Congreso, precisamente en la época en que las fuerzas de Salvatore Mancuso asesinaban a dirigentes sindicales, gremiales, estudiantiles y campesinos en esa región del país.
Creo que quien tenga alguna duda, puede revisar los hechos históricos para constatar el gran número de asesinatos y masacres que se dieron en Antioquia mientras la carrera política de Uribe se desarrollaba.
Por supuesto que a pesar de toda la sangre derramada, los para narco militares colombianos, y sus aliados en los ámbitos empresariales, políticos y militares, no han logrado su objetivo fundamental: acabar con la insurrección armada del pueblo colombiano y, en especial, con su vanguardia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejercito del Pueblo (FARC-EP).
La muerte de más de 3.000 militantes de la Unión Patriótica, de miles de miembros del Partido Comunista y de la Juventud Comunista, de ex guerrilleros del M-19 y del Ejército Popular de Liberación (EPL) no solo ha servido para encumbrar a figuras como Uribe y sus “paracongresistas”. También ha servido para demostrar que en Colombia el único camino para ejercer la política es la vía armada, porque si alguien osa denunciar una irregularidad, alzarse contra las injusticias que cometen los terratenientes o pretenden organizar un sindicato, son simplemente eliminados físicamente.
En esas condiciones, a los colombianos no les queda otro camino que la lucha armada para establecer un verdadero régimen democrático que responda a los intereses de las grandes mayorías de ese país y nos obliga a todos los latinoamericanos a apoyar ese esfuerzo en todos los terrenos que nos sea posible.
Especialmente ahora, que la vida ha demostrado una vez más que “el ladrón juzga según su condición”, pues mientras el denominado establecimiento colombiano señalaba a las FARC-EP como una organización dedicada al tráfico de drogas, en realidad eran ellos quienes recurrieron a este negocio para financiar a los demonios del paramilitarismo, desatando así una fuerza que ha terminado por devorarlos a ellos y a la propia democracia colombiana.
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