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El pacto social en Costa Rica está roto

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EL PACTO SOCIAL EN COSTA RICA ESTÁ ROTO


Ex Secretario General del Partido Liberación Nacional piensa que Costa Rica puede iniciar los caminos de la violencia social y los enfrentamientos clasistas…

 

Entrevista con el ex Secretario General del PLN.

 

Para Luis Guillermo Solís, polítólogo, ex jefe de política exterior del primer gobierno de Oscar Arias y ex secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), convertido ahora en un disidente de esa agrupación, Costa Rica se enrumba hacia horas muy difíciles, donde la confrontación y la violencia se pueden convertir en el pan nuestro de cada día.

 

Solís dice que mira con angustia el futuro del país. Para él, tanto los sindicatos y grupos sociales, como el gobierno de Oscar Arias y la clase empresarial que representa, están muy claros de que el pacto social que durante 50 años le dio estabilidad y viabilidad al país, se encuentra roto, pero que en vez de buscar, mediante el diálogo y la negociación, la refundación de dicho pacto social, están apostando al enfrentamiento.

 

Solís percibe una radicalización de los grupos sociales y sindicales, pero también teme que de parte de la clase política y empresarial que hoy dirige el país pueda haber una política diseñada para tensar las fuerzas al máximo, llevar el país a la confrontación e imponer una determinada salida.

 

 

"Si eso es así, entonces el país se enrumba hacia horas muy difíciles. Y eso es cierto no solamente para la clase dirigente, sino también para el mundo sindical y social", advirtió Solís en una entrevista.

 

Difícilmente alguien pueda negar que en el país se respira un aire enrarecido, que la desconfianza y la incredulidad campean por doquier, y que ilusamente los bandos en conflicto se sienten en capacidad de vencer al adversario, aunque en ese caso los perdedores seremos todos.

 

 

¿Cómo ve usted lo que está ocurriendo en estos días. La decisión de la Sala Constitucional de golpear las convenciones colectivas, la reacción de los sindicatos del sector público de convocar a una huelga, el hecho de que se toque a unos sectores, pero se dejen intactos privilegios de otros sectores?

 

A mi no extraña que todo esto esté ocurriendo, porque como lo he señalado muchas veces antes el sistema político costarricense se encuentra en un momento de transición. Las elecciones no detuvieron esa transición, la discusión del TLC no agota esa transición. Y eso tiene que ver con otro tipo de problemas, tiene que ver con los equilibrios del poder, que pasan precisamente por los reacomodos que estamos viendo. Eso tiene que ver con los derechos de los trabajadores, tiene que ver con la inserción internacional del país, tiene que ver con el modelo de Estado, tiene que ver con el papel que se le atribuye al sector privado, en fin, yo creo que hay una serie de temas que están planteados en la agenda y que son los que están saliendo.

Va a ver más crisis, el modelo político esta siendo incapaz de procesar las transformaciones en esos equilibrios sociales. La única manera de resolver eso es por la vía de un diálogo social, de un pacto social, como en el que en otros momentos de la historia nacional se ha requerido. Y esos pactos no se hacen solos, tienen que formarse, tienen que armarse, a partir de una decisión política que puede ser más o menos exitosa.

 

¿Usted ve atinada la actitud de la Sala IV con relación a los trabajadores del sector público, pese a que se dejan intactos los privilegios de otros sectores?

 

Bueno es que si uno va acometer la reforma del Estado como parte de un diálogo social amplio, entonces yo creo que uno puede reconsiderar derechos abusivos o la aplicación abusiva de derechos que en sí mismos no lo son. Si vamos a hablar, por ejemplo, de los derechos abusivos de las convenciones colectivas, pues hablemos también, por ejemplo, de los impuestos y del régimen de impuestos, y si van a seguir dejando de pagar impuestos los bancos o ciertos sectores que simplemente se niegan a contribuir con la recaudación de impuestos. Entonces, eso usted lo pone en un paquete, en donde equilibras las cargas. Yo lo que veo es que así como vamos, lo que se está produciendo es una resolución caso por caso, que no atiende el conjunto de reivindicaciones políticas y sociales que se requieren para solucionar la crisis de transición.

 

La Sala IV está quitando una serie de privilegios a varias convenciones, pero no se está diciendo nada sobre el modelo de Estado. La discusión no se está asumiendo integralmente, y entonces eso lo que produce en ultima instancia son fallos como este, que en sí mismos, puede ser que tengan justificación en algunos casos, pero que en el marco de la transición lo único que hacen es que agudizan las tensiones sociales.

 

¿Usted ve alguna alineación política de la Sala IV, estará respondiendo a la visión de Estado que tiene el gobierno de Oscar Arias?

 

Yo creo que la Sala está actuando en consonancia con su propia jurisprudencia y en el marco del sistema que tenemos, y allí coinciden, por supuesto, un grupo mayoritario de magistrados con el punto de vista de quienes los elevaron a la dignidad judicial que hoy tienen. Obviamente yo veo una relación entre una cosa y otra, sería muy ingenuo verlo de otra manera.

 

¿Y a que puede conducir esto en momentos de tensión, cree que eso pueda llevar a un desbordamiento social?

 

Sí claro. Todo el mundo le está metiendo más presión a la olla. Están metiéndole presión los sindicatos, están metiéndole presión el gobierno y las instituciones del Estado. Por ejemplo, las declaraciones de la señora presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa, Janina del Vechio, en el sentido de que el TLC estará listo para ser votado en agosto, sumado a la decisión de la sala IV de suspender el tema de las prestaciones a los del INS, más la cosa de JAPDEVA, más las otras, lo único que hacen es que aumentar la presión en la caldera.

 

¿Cual debería ser la actitud del gobierno?

 

Yo siento que hay como dos cosas, que no son contradictorias, sino que son necesarias y complementarias entre sí. En primer lugar, el gobierno tiene la obligación de preservar el Estado de derecho, y me parece que debe haber una actitud responsable, prudente del gobierno, y comprensión de parte de los sectores sociales de que la coyuntura no está para ilegalidades. Es decir, si se recurre a las vías de hecho eso generaría una situación imposible. Me parece que está bien que el gobierno apele a la legalidad, a la preservación del orden público y al Estado de derecho, me parece que eso está bien. Eso le da tranquilidad a la gente. No queremos un país descontrolado, que se desboque y que termine en escenarios indeseados por todo el mundo. Pero en segundo lugar, esa actitud solamente va a tener credibilidad y legitimidad, si viene acompañada con iniciativas de diálogo social. Y eso yo no lo estoy viendo en el gobierno. Y cuando digo de diálogo social no son negociaciones grupo a grupo, tema a tema, si no una convocatoria para que precisamente se inicie esa reflexión en aras de un nuevo pacto social, en aras de una refundación del pacto social. Solo buenos deseos, expresados en declaraciones de los jerarcas del poder ejecutivo, me parece que conduce al país a una situación de mucho desorden, de mucha turbulencia. Solo apelación a la legalidad, sin diálogo social también conduce a esa inestabilidad, porque al final de cuentas ya no es creíble simplemente una convocatoria al orden, si no viene acompañada de soluciones. Y lo que estamos viendo es solo una apelación al orden, y eso no cala, es un orden desde arriba, donde se sirven con cucharón, mientras que a otros nos quieren servir con cucharita la solución a los problemas que se están señalando.

 

¿Usted cree que el gobierno está leyendo la coyuntura por la que atravesamos?

 

Yo no creo que lo que está pasando ellos no lo estén entendiendo. Creo que están muy claros sobre lo que está pasando, pero me angustia la hipótesis de que esto pueda ser ya parte de un diseño de polarización, expresamente diseñada para imponer una determinada salida. Si eso es así, entonces el país se enrumba hacia horas muy difíciles. Y eso es cierto no solamente para la clase dirigente, sino también para el mundo sindical y social. Yo siento que hay una exacerbación del lenguaje que puede llevar a escenarios de violencia descontrolada, que no le sirven a nadie. Yo si creo que hay un conflicto necesario por el cual tiene que atravesar el país en este parto democrático, pero veo que hay cada vez menos voluntad, ya no por falta de información, sino por una determinación de preservar los espacios de poder, lo que me parece altamente inconveniente para la vida política del país.

 

(Informa-tico.com)

   

 


                                  

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